Cuidar el estado de derecho, el correcto cumplimiento de la norma y el respeto a las instituciones pareciera ser lo único en lo que coinciden el gobierno y la oposición.

En el México post revolucionario la creación de instituciones buscaba como parte toral poder terminar con el poder de un solo hombre y transformarlo en el poder de las instituciones que más allá de las personas perdurarían en el tiempo y nos garantizarían a los mexicanos paz y prosperidad.

Y así ha sido desde entonces, el sistema ha sufrido cambios, ha evolucionado se ha puesto a prueba, pero nunca se ha doblado ni mucho menos roto. La pregunta es ¿cómo logramos mantener esto hacia adelante con un gobierno que pareciera sentirse por encima de la ley?

Viene a cuentas este pensamiento por la nueva necedad presidencial que busca vulnerar el estado de derecho mismo: el tren maya.

Los ciudadanos tenemos derecho a ampararnos ante algún abuso por parte de la autoridad, es la herramienta que nos brinda un estado de derecho para defendernos.

A través de legitimas defensas a lo largo de la historia las instituciones han favorecido a los ciudadanos por encima del poder.

Hoy tenemos como Presidente de la República a un sujeto que no es capaz de incumplir cualquier norma si no se alinea a sus objetivos.

Antes, en la abrumadora mayoría del sistema priista, las leyes cambiaban a contentillo del ejecutivo en turno, se buscaba adecuar las mismas a los deseos y el proyecto presidencial. Incluso en la época moderna tanto en la federación como en los estados se realizan cambios en la normatividad para hacer más llevaderos los compromisos del ejecutivo.

La seguridad nacional no es un asunto menor, por ello la norma permite que cuando alguna obra, acción o documento la ponga en riesgo, no existirán motivos suficientes para transparentar o rendir cuentas de esta, porque la seguridad nacional está por encima de todo. Esto naturalmente nos hace mucho sentido, sin embargo, se ha convertido en el pretexto perfecto para un gobierno opaco.

Resulta que ante los amparos por la construcción del tren maya, las constantes manifestaciones de los medio ambientalistas, la respuesta que ha tenido el gobierno, como en otras ocasiones, es convertir las obras en materia de seguridad nacional y con ello brincarse toda la normatividad de transparencia y rendición de cuentas.

Todos los proyectos prioritarios del Presidente han estado englobados en este esquema legal, con ello se puede continuar su construcción y evitar transparentar la misma. Es la opacidad disfrazada de legalidad.

Lo delicado de este asunto es hasta dónde se van a permitir estas prácticas que terminarán debilitando cada vez mas ese supuesto estado de derecho que tanto pregonan defender desde el poder.

*Diputado local PRI