La Fiscalía General de la República (FGR) sólo cuenta con ocho carpetas de investigación, entre 2015 y enero de 2024, por delitos relacionados con el uso de explosivos para atacar a personas civiles o a autoridades en el país.
Las carpetas iniciadas por el Ministerio Público federal, de acuerdo con una solicitud de información pública mediante el oficio FGR/UETAG/001658/2024, se concentran en su mayoría en Guanajuato, donde el jueves 24 de octubre estallaron dos coches bomba en las sedes de las secretarías de Seguridad Pública municipal de Acámbaro y Jerécuaro.
El uso de explosivos, las sustancias para fabricarlos y dispositivos para transportarlos y detonarlos están regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que los considera como armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas.
El número de carpetas de investigación abiertas por la FGR contrasta con los ataques, muertos y heridos por explosivos documentados por otras instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, así como por los decomisos.
Información transparentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revela que desde 2021 integrantes del Ejército mexicano fueron atacados con explosivos en 14 ocasiones, con un saldo de cuatro soldados y seis agresores muertos, además de 30 militares que resultaron heridos. El sexto informe de Gobierno del expresidente López Obrador, que presentó en septiembre pasado, reconoce 22 víctimas por ataques con materiales explosivos entre 2021 y 2023.
Los ataques en los que hubo decesos fueron en Jalisco y Michoacán. El 20 de enero de 2024, en Santa María del Oro, Jalisco, un grupo del crimen organizado perpetró un ataque contra el Ejército con el uso de “drones y/o explosivos improvisados”; un militar murió y cuatro resultaron heridos.
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Otro ataque similar se presentó en Tepalcatepec, Michoacán el 29 de febrero de 2024. Ahí, elementos de la 43 zona militar fueron emboscados con armas de alto calibre y drones explosivos. Tres efectivos perdieron la vida y cinco más resultaron heridos de gravedad.
Pese a la muerte de militares por explosivos en Michoacán, la FGR no cuenta con carpetas de investigación en esta entidad donde se ha documentado el uso de drones explosivos y minas antipersonales, además de que es una de las entidades con el mayor decomiso de armamento explosivo.
Respecto a los decomisos, entre el 19 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2024 la Sedena aseguró al menos tres mil 836 artefactos en todo el país, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco.
Michoacán, territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es el estado donde han ocurrido la mayor cantidad de decomisos por parte de la Sedena: mil 642 desde 2021, es decir, uno de cada tres decomisos de explosivos en el país, ocurrió en esta entidad.
De enero de 2015 a agosto de 2024, agentes del Ministerio Público de la FGR aseguraron 432 mil 36 explosivos en el país, principalmente en los estados de Jalisco, Morelos, Michoacán, Estado de México y Quintana Roo.
Otra dependencia de seguridad que ha decomisado explosivos es la Guardia Nacional. Según el sexto informe de labores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre el 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2024, este cuerpo policial incautó 577 artefactos.
Además, entre agosto y octubre de este año, la Guardia Nacional ha realizado otros seis decomisos de artefactos explosivos; cinco en Sonora y uno en Nayarit. El último ocurrió el 4 de octubre pasado —ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum— cuando en colaboración con el Ejército se aseguraron “cuatro artefactos explosivos improvisados de forma cilíndrica”, así como cartuchos de diversos calibres, cargadores y armas largas.
Manufactura colombiana
Junto con los decomisos de explosivos se ha logrado la captura de personas, principalmente ciudadanos colombianos, que fabrican los artefactos y adaptan drones, morteros y lanzadores para realizar estos ataques.
En el último año, las autoridades han desmantelado al menos tres fábricas clandestinas de explosivos y drones en los municipios de Buenavista y Apatzingán, en Michoacán. En todas ellas, capturaron a colombianos, quienes presuntamente adiestraban a los cárteles en la elaboración de estos artefactos.
En octubre de 2023 en la comunidad de Catalinas, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, fuerzas federales detuvieron a ocho colombianos, al servicio de Los Viagras, que se dedicaban a la fabricación de explosivos para drones.
En julio de este año, el gobierno de Colombia reconoció que brinda asistencia jurídica a estos ciudadanos, los cuales fueron identificados como exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos exmilitares y expolicías. Fábricas similares han sido desmanteladas en Jalisco.
Autoridades militares y civiles identificaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, Cárteles Unidos, entre otros, reclutaron a exmilitares colombianos, venezolanos, guatemaltecos y ecuatorianos para el armado de bombas.
Coches bomba
El ataque con coches bomba del jueves en Acámbaro y Jerécuaro sería, al menos, el cuarto documentado en el país en los últimos años.
Otro ataqué ocurrió la noche del 28 de junio de 2023, cuando 10 agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos mientras realizaban la inspección de un vehículo sospechoso, el cual estalló.
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También en enero de 2019, cuando estaban por cumplirse los primeros dos meses de gobierno de López Obrador, un coche bomba fue localizado en una de las entradas de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, con un mensaje que exigía a la Federación salir de Guanajuato.
La amenaza se presentó en medio de la estrategia que el expresidente emprendió en contra del robo de combustible —huachicoleo—, del que el Cártel de Santa Rosa de Lima era el principal beneficiario en la entidad guanajuatense.
