A raíz de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que las personas pueden portar hasta 5 gramos de mariguana sin ser perseguidos penalmente, pero que no eliminó el delito de posesión simple, diversas organizaciones de la sociedad civil se quejaron por la existencia de barreras institucionales que aún siguen afectando el reconocimiento de los derechos humanos de los usuarios en política de drogas.
Entre estas irregularidades mencionan que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sigue poniendo trabas para otorgar permisos a los usuarios del cannabis, que el Congreso de la Unión sigue sin emitir un legislación que regule el mercado, aun cuando tenían la orden de acabarla en abril de 2021, y que tanto el Poder Judicial como la Federación siguen persiguiendo penalmente a los usuarios de la mariguana.
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Esto a pesar de que el Máximo Tribunal del país, desde junio de 2021, emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad que eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la mariguana de la Ley General de Salud, es decir, que declaró como inconstitucional la criminalización de la misma.
La última batalla que se luchó en este sentido fue promovida por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que desde el 2018 interpuso un amparo contra el delito de posesión simple al considerar que este se presta a diversas arbitrariedades y que no sirve para proteger la salud pública del país.
Para reforzar este argumento, la organización Elementa DDHH emitió un informe en 2021 en la que documentó “intervenciones policiales por posesión simple” que están rodeadas de una serie de vulneraciones a derechos humanos que afectan a la población usuaria de drogas en México, mismas que sufren algún tipo de violencia durante su detención.
Tan solo al analizar las prácticas de las autoridades policiales en el arresto de 150 personas detenidas por motivos de drogas, se encontró que el 80 por ciento de las personas sufrieron algún tipo de violencia física, psicológica y sexual por parte de los elementos de seguridad.
Finalmente, el 11 de mayo de este año la Primera Sala de la Corte discutió el amparo de MUCD. Sin embargo, “lamentablemente el ministro Juan Luis González Carrancá, encargado del caso, no estudió ni declaró la inconstitucionalidad del delito de posesión simple, pese a estar de acuerdo con los argumentos expuestos en el amparo”, señaló el colectivo Manatí.
Aunado a lo anterior, indicaron que el proyecto del ministro obtuvo tres votos a favor y dos en contra con un voto particular, lo que se traduce a que la resolución ni siquiera tiene efectos obligatorios para otros casos, sino que solo es válido, en concreto, para el caso que defendió MUCD.
Ante todas estas barreras institucionales las organizaciones y los usuarios del cannabis, que mantienen un plantón afuera del Congreso de la Unión, sólo piden a las autoridades estudiar bien el caso, pues consideran que es grave seguir pensando que a través del delito de posesión simple se está afectando el tráfico ilícito de drogas, cuando en la realidad solo crea un mercado más lucrativo para sus beneficiarios.
Peor aún, consideran que para perseguir este delito se utilizan recursos que bien podrían destinarse para delitos mucho más graves, que sí afectan la salud y el bienestar de la población en general.
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