“Corcholata” es la persona servidora de cualquier nivel jerárquico que recientemente se ha separado de algún cargo público en el que se le había designado o electo para contender por otro puesto de gobierno, principalmente, la Presidencia de la República.
Este término trivializa sus renuncias y las acciones que realizaron previo a ellas y contribuye a la ficción de que participarán en las elecciones venideras sin ninguna ventaja indebida y sin haber cometido ninguna falta, entre ellas, haber violado durante meses su obligación de neutralidad.
Esta se funda en el artículo 134 constitucional y bajo él, toda funcionaria y todo funcionario debe abstenerse de aprovechar los recursos públicos a su disposición, incluido su horario laboral, el personal administrativo y los espacios públicos bajo su encargo, así como su cercanía con los medios de comunicación y su fama pública para influir en contiendas o promoverse con fines electorales.
La prevalencia de Morena en la mayoría las gubernaturas estatales y hasta hace 3 años en el congreso federal, junto con el enfrentamiento extremo de la Presidencia de la República con el Poder Judicial Federal y la falta de aplicación de sanciones relevantes a funcionarias y funcionarios por no estar contenidas en la normativa correspondiente han conducido al abandono en la realidad de esta obligación.
Las recientes renuncias a sus cargos no convalidan esta situación sino que la agravan. Evidencian su falta de interés en terminar la posición que estaban ocupando y refleja esta nueva creencia de que sus intereses personales y la inédita posibilidad de desacatar al Poder Judicial Federal les exenta de observar nuestra Constitución.
Garantizar el respeto a la neutralidad y el debido uso de los recursos públicos queda en manos de las autoridades electorales y de la propia ciudadanía.
A ellas les corresponde seguir vigilando a estas precandidaturas , fijar responsabilidades correspondientes y, en su caso, pronunciarse sobre la validez de las elecciones por venir.
A la sociedad nos toca identificar a estas personas como precandidaturas y meditar en la conveniencia de votar por quienes realizaron o todavía realizan esta conducta y con ello demuestran indiferencia, tanto por sus funciones como por ajustar su conducta la ley.
Si así conducen ahora podemos vislumbrar que lo harán de igual forma en caso de resultar electas. No hay evidencia o motivos que demuestren lo contrario.
Es por esta razón que llamarles precandidaturas les molesta pues demuestra que su única finalidad es ganar la elección y están en un proceso partidista que se desfasa de los tiempos electorales. Nuevamente, violan la ley o al menos la tuercen
Quien gane tendrá el beneficio de haber podido difundir su imagen con meses de anticipación y quienes sean derrotados y recompensados con otros cargos no estarán allí con el principal deseo de beneficiar a nuestro país sino quizás sólo esperando que transcurran 6 años para la siguiente elección.
*Profesor de Tiempo Completo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Querétaro
