En este 2018, se cumplirán 13 años de que el Congreso mexicano abolió el “ojo por ojo”, tanto en la Constitución como en el Código Militar, después de una historia de centurias -desde antes de la Conquista y posteriormente en la Inquisición, hasta el siglo XX y parte del XXI- en la cual los ajusticiamientos fueron la norma en México, ejecutados en patíbulos, paredones o cadalsos.
Los mexicanos que violentan gravemente las normas ya no reciben la pena capital en la República Mexicana. El último que pagó con la muerte sus culpas fue hace 57 años; se trató de José Isaías Constante Laureano fusilado en el paredón de la Sexta Zona Militar, en Saltillo, Coahuila a las 4.30 horas del 9 de agosto de 1961, por asesinar, en estado de ebriedad, a dos de sus compañeros, un superior y un soldado.
DEBE SER ABOLIDA
No, eso ya no existe en el país. Sin embargo, en otras partes del mundo nuestros connacionales siguen muriendo por inyección letal, ahorcamiento, fusilamiento, electrocución, cámara de gas, lapidación o decapitación. El método utilizado depende del país en el hayan sido enjuiciados.
Por ejemplo, en China, hay un mexicano sentenciado a muerte (por inyección letal o fusilamiento), Jesús Carlos Ortega Urrea, mientras que en Malasia son tres (Simón, José Ramón y Luis Alfonso González Villarreal que serían ahorcados) y en Estados Unidos suman más de 50. Están en el denominado “corredor de la muerte” y serían ejecutados por inyección letal o silla eléctrica.
La ejecución más reciente en el vecino país fue la de Rubén Ramírez, en Texas (por inyección letal), en noviembre del año pasado. Antes que él fue Edgar Tamayo, en 2014 también en Texas, y Humberto Leal García en 2011 en el mismo estado, mediante el mismo procedimiento. En la mayoría de los casos actúa la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgarles asistencia jurídica.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez señaló: No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI y esta práctica necesita ser abolida lo antes posible, al advertir que son cuatro países los responsables del 87% de las ejecuciones hoy en día.
Las Naciones Unidas dieron a conocer que en septiembre del año pasado Madagascar se convirtió en el Estado 85 en ratificar el Segundo Protocolo Facultativo que aboliría la pena de muerte, y Gambia avanzó hacia este objetivo.
Esta práctica, advirtió, hace muy poco para servir a las víctimas o reducir el crimen, y siempre existe un riesgo innegable de errores judiciales.
“Por favor, paren las ejecuciones. La pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI. Estoy orgulloso de decir que mi país, Portugal, abolió la pena capital hace 150 años, fue uno de los primeros países en hacerlo. Las razones son las mismas que damos hoy: la pena de muerte hace poco por las víctimas o por frenar el crimen. E incluso con un meticuloso respeto por un juicio justo, siempre hay un riego de error en la justicia. Este es un precio inaceptablemente alto”, expresó Guterrez.
MEXICANOS DETENIDOS
El asunto, a nivel mundial, es que muchos delincuentes, fundamentalmente narcotraficantes, oriundos de algún estado de la República Mexicana han sido detenidos en diversos países, algunos con la pena de muerte en sus legislaciones, aunque en otros ya la abolieron. En el pasado 2017 por ejemplo, fueron apresados entre otros: en Costa Rica, dos; en Australia, dos; en Guatemala dos; en Madrid, uno; en Venezuela, tres; en Nicaragua, dos.
De acuerdo con Amnistía Internacional en 2016 se registró una disminución del 37% en el número de ejecuciones respecto a las llevadas a cabo el año anterior. Se ejecutó aproximadamente a mil 32 personas: 602 menos que en 2015, cuando la organización registró la cifra de ejecuciones más alta llevadas a cabo en un solo año desde 1989. Pese a la considerable disminución, la cifra general de ejecuciones de 2016 siguió siendo más alta que la media registrada el decenio anterior.
“Estas cifras no incluyen los miles de ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre el uso de la pena de muerte seguían estando clasificados como secreto de Estado. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, por este orden”.
Sin embargo, en 2017, otro país abolió la pena de muerte: Mongolia. Pero el asunto sigue siendo grave porque dice Amnistía Internacional que no obstante estar prohibida en el derecho internacional la pena capital contra menores todavía un grupo reducido de países la mantiene. La ejecución de estas personas constituye una vulneración del derecho internacional.
“Amnistía Internacional recibió informes que indicaban que en 2016 al menos dos personas en Irán habían sido ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Irán también condenó a muerte a otras personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. En 2016 había en el corredor de la muerte de Irán al menos 78 condenados que eran menores de edad en el momento del delito.
“Amnistía Internacional cree que sigue habiendo personas de este tipo (menores de 18 años en el momento del delito) en los corredores de la muerte de Arabia Saudí, Bangladesh, Indonesia, Irán, Maldivas, Nigeria, Pakistán y Papúa Nueva Guinea”.
Entre los argumentos vertidos en la tribuna del Senado, estuvo uno muy representativo: “las sanciones no deben consistir en suplicios “que no han hecho nunca mejores a los hombres” (César Bonesana, más conocido como Beccaría); hemos prohibido las mutilaciones, los azotes, los palos, las marcas y los tormentos, no obstante que lesionan menos que la muerte; hemos prohibido la confiscación de bienes, pero todavía no hemos dado la misma protección a la existencia misma; y hemos prohibido las penas inusitadas y trascendentales, no obstante que un análisis sereno nos permitiría llegar a la conclusión de que la muerte infringida por el Estado es sin duda inusitada y trascendente”.
