WASHINGTON, DC.- Dos psicólogos queayudaron a diseñar el programa de interrogatorios de detenidos dela CIA tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 irán a juiciopor fomentar el uso de métodos de tortura como ahogamientosimulado y encadenamiento de prisioneros en posicionesestresantes.

Jueces federales en el estado deWashington ordenaron la realización de un juicio con jurado, enrespuesta a una demanda de tres exreos -uno de los cuales murió enuna cárcel de la CIA después de duros interrogatorios- yrechazando los esfuerzos para obligar a archivar el caso y evitaruna audiencia completa.

La demanda, presentada por la UniónAmericana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés),será la primera que involucre al programa de tortura en un juicio,a realizarse en septiembre próximo.

El gobierno logró evadiriniciativas anteriores con el argumento de que es necesarioproteger información delicada de inteligencia.

El caso involucra a los psicólogosJames Mitchell y Bruce Jessen, que fueron reclutados por la CIA en2002 para ayudar a diseñar y llevar a cabo los interrogatorios desospechosos en el marco de la guerra contra el terrorismocapturados en Afganistán y otros lugares.

“DÍA HISTÓRICO”

Los dos cobraron 80 millones dedólares por su trabajo, que incluía ayudar a interrogar a KhalidSheikh Mohammed, el cerebro de los atentados del 11 de septiembrede 2001 en Estados Unidos atribuidos al grupo Al Qaida, y a AbuZubaydah, otro alto miembro de la organización armada. La ACLUalega que Jessen y Mitchell fueron responsables, y se beneficiaroneconómicamente, de la tortura ilegal del tanzanio SuleimanAbdullah Salim, el libio Mohamed Ahmed Ben Soud, y el afgano GulRahman. Los dos primeros fueron liberados tras años de prisión,mientras que Rahman murió de hipotermia en una celda de unacárcel de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA)en noviembre de 2002, después de lo que la ACLU denunció como dossemanas de “brutal tortura”.

“Este es un día histórico paranuestros clientes y todos los que buscan la rendición de cuentaspor la tortura”, señaló el abogado de la ACLU Dror Ladin en uncomunicado.