El expresidente peruano Alan García será recordado por los graves problemas financieros e hiperinflación que llevaron al país al borde del colapso durante sus dos periodos de gobierno, así como por forma en que murió para evadir a la justicia.

El político y abogado peruano falleció este miércoles en un hospital de Lima, después de que se disparó en la cabeza, cuando los oficiales de Policía se disponían a para arrestarlo por cargos de corrupción, relacionado con el escándalo del conglomerado brasileño Odebrecht.

La empresa brasileña está envuelta en el mayor escándalo de corrupción de América Latina, después de admitir en 2016, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sobornó a funcionarios de toda América Latina con cerca de 800 millones de dólares a cambio de contratos.

Hijo de Carlos García Ronceros y de Nitha Pérez de García, Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació en la capital peruana el 23 de mayo de 1949, estudió su educación básica en la Gran Unidad Escolar José María Eguren de Barranco y en 1965 ingresó en la Pontificia Universidad Católica, donde estudió letras y derecho.

El expresidente también estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde recibió el título en leyes en 1971 y dos años después se 1973 con Carla Francisca Buscaglia Castellano, con quien tuvo una hija en 1975, aunque la pareja terminó, divorciándose en 1980.

En 1974, se mudó a España para estudiar un doctorado en derecho la Universidad Complutense de Madrid y después se mudó a París, donde realizó cursos doctorales en sociología entre 1974 y 1977, no obstante, nunca llegó a obtener los grados respectivos.

Alan García volvió a Perú en 1977, ante el llamado de Víctor Raúl Haya de la Torre fundador y entonces líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), antecesora del Partido Aprista Peruano (PAP) para regresar a la vida política peruana.

A su regreso a Perú emprendió la actividad docente en la Universidad Federico Villareal y en 1978 inició su vida política, como diputado constituyente, gracias a su don como orador que descubrió durante su etapa de estudiante, que lo llevó a ganar varios premios en oratoria.

En los años siguientes, García fue en 1978 secretario del Congreso Constituyente, que presidió Haya de la Torre, fue elegido diputado en 1980 y dos años después fue nombrado secretario general de su partido, cargo que ocupó hasta 1985, cuando a los 36 años fue elegido candidato a la presidencia de la República.

El 14 de abril de ese año, Alan García se impuso en las elecciones con el 52.0 por ciento de los votos, y prestó juramento como presidente el 28 de julio, con la promesa de atender las necesidades más urgentes del Perú y de su población, hacer frente a la deuda externa y reducir los índices de inflación y desempleo.

Sin embrago, su gobierno se caracterizó por llevar a Perú a la peor crisis económica en la historia del país, con una insólita hiperinflación, el recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por el grupo Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción.

En agosto de 1987 propuso la ley de nacionalización del sistema financiero y bancario, que fue mal acogida por la población, mientras, en el Ejército crecía el malestar, debido a que cedió el control del Ministerio de Defensa a un civil y por una serie de atentados perpetrados por Sendero Luminoso.

A consecuencia de estos problemas, la popularidad de García cayó a un nivel muy bajo, por lo que apartado de la presidencia de la APRA por una crisis al interior del partido y en 1990 su mandato llegó al final, siendo sucedió en el cargo por Alberto Fujimori.

A pesar de la inmunidad que le otorgaba su cargo de senador vitalicio, García fue incriminado en actividades financieras ilegales y acusado de otros presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilegal, aunque en 1992 fue absuelto por falta de pruebas y solicitó refugio en la embajada de Colombia.

Después de ocho años de exilio en Colombia y París, el político regresó a Perú para representarse a las elecciones de abril de 2001, en las que quedó en segundo lugar, gracias a que Perú suspendió los cargos en su contra siguiendo una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En abril de 2006, el abogado y orador se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales, quedando en segundo lugar detrás del líder nacionalista Ollanta Humala, con quien enfrentó una segunda vuelta en junio, en la que resultó triunfador con el 54.0 por ciento de los votos e inició su segundo mandato (2006-2011).

Contrario a lo que esperaban muchos peruanos, el segundo gobierno de Alan García estuvo marcado por nuevas acusaciones de corrupción y problemas financiero, que impidieron la recuperación económica del país, pese a que redujo a la mitad el sueldo de todos los miembros de su gabinete.

En 2011, Ollanta Humala lo sucedió en la presidencia y en 2013 creó una comisión para investigar las presuntas irregularidades del segundo gobierno de Alan García, al frente del nacionalista Sergio Tejada, aunque el ex presidente presentó un amparo alegando la vulneración al debido proceso.

En 2016, Alan García se postuló de nuevo a las elecciones presidenciales, en búsqueda de un tercer mandato, esta vez como candidato de la Alianza Popular, integrada por los partidos Aprista Peruano y Popular Cristiano, sin embargo sólo logró el 6.0 de los votos.

El 17 de noviembre de 2018, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, aceptó la solicitud del fiscal José Domingo Pérez y emitió una orden de impedimento de salida del país por 18 meses por el caso Línea 1 del Metro de Lima.

Ante tal decisión, el ex mandatario se refugió en la embajada de Uruguay y solicitó asilo diplomático, alegando una supuesta persecución política, aunque el 3 de diciembre pasado, el gobierno uruguayo le negó el asilo, indicando que "en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado" y le pidió salir de su residencia diplomática

Alan García intentó, sin éxito, obtener asilo ante los gobiernos de Costa Rica y Colombia, por lo que tuvo enfrentar las acusaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima, a favor de la empresa brasileña Odebrecht, que le habría pagado siete millones de dólares.