La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció amenazas contra el personal de su sede en el puerto de Buenaventura, en el litoral Pacífico, una de las zonas de influencia de grupos armados ilegales vinculados con las mafias de la droga.

Este fin de semana la sede de la Defensoría del Pueblo en Buenaventura fue objeto de un ataque con arma de fuego, al finalizar la jornada de trabajo.

“Esta acción de amedrentamiento se presenta una semana después de que una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo fue interceptada en el río Naya para secuestrar al señor Iber Angulo Zamora, quien era protegido por la misión”, señaló el comunicado.

Ambos hechos, además de constituir una afrenta a la vida e integridad de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, “son graves e inadmisibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que deben ser rechazadas enérgicamente por todas las autoridades estatales, la comunidad internacional y la sociedad en general”.

La Defensoría del Pueblo espera que se adelanten “todas las acciones para el esclarecimiento de estos hechos, así como para la prevención de futuras agresiones e intimidaciones contra la institución nacional de derechos humanos de Colombia”.

“Ninguna acción violenta o amenaza detendrá la misión humanitaria que adelanta la Defensoría del Pueblo para velar por la promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos en Colombia”, enfatizó el ente humanitario.