California se prepara para recibir a muchas más mujeres que busquen interrumpir su embarazo si la Corte Suprema de Estados Unidos modifica el marco legal que garantiza el derecho al aborto desde 1973.
Con el apoyo del gobernador Gavin Newsom y otras figuras del Partido Demócrata, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos civiles, de la promoción de la salud pública y de la planificación familiar lanzaron esta semana una lista de recomendaciones para que California consiga responder a este aumento de la demanda.
Newsom felicitó públicamente la creación en septiembre del "Consejo para el futuro del aborto", y se dijo dispuesto a participar en esta y otras iniciativas que "amplíen el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, al tiempo que restricciones peligrosas e inconstitucionales son implementadas en Texas".
Ese estado del sur, mayoritariamente conservador, prohíbe desde el 1 de septiembre el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Los defensores del derecho al aborto están preocupados por otra amenaza: la Corte Suprema parece dispuesta a dar luz verde a una ley adoptada en 2018 en Misisipi que prohíbe abortar después de las 15 semanas de gestación.
Esta ley viola el marco legal establecido por la histórica sentencia "Roe v. Wade" de 1973, con la que la Corte Suprema garantizó el derecho a las mujeres a abortar hasta que el feto sea "viable", entre las 22 y 24 semanas de gestación.
Si esta ley regional es validada por la máxima instancia judicial, que podría pronunciarse a mediados de 2022, 26 de los 50 estados del país podrían tomar acciones para prohibir el aborto en sus jurisdicciones, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, especializado en salud reproductiva.
El tema divide a la sociedad estadounidense. En Misisipi, por ejemplo, sólo hay un centro que practica abortos, mientras que en la liberal California, hay más de 150.
De hecho, si la sentencia de "Roe v. Wade" es anulada o "significativamente debilitada", 21 estados ya tienen leyes o enmiendas listas para implementar restricciones al aborto, afirma el Instituto Guttmacher.
En consecuencia, millones de mujeres no podrán abortar en su lugar de residencia, por lo que tendrían que desplazarse a otros estados para hacerlo. Esto implicaría desafíos económicos y desbordar la capacidad de las estructuras de salud de esos estados.
- "Libertad reproductiva" para todos -
Las asociaciones ya sienten el impacto de la prohibición de Texas adoptada en septiembre. La red de planificación familiar de California, por ejemplo, ve llegar cada día entre dos y tres pacientes provenientes de Texas.
La ONG local Acceso a la Justicia Reproductiva, que ofrece ayuda administrativa y financiera a las mujeres que deseen abortar, registró también un "aumento de las llamadas provenientes de Texas".
"Sabemos que los obstáculos son mayores para las personas que no viven en California porque tienen que pagar un pasaje aéreo o terrestre", explicó a la AFP Jessica Pinckney, directora de la ONG.
"Estas historias pueden ser aterrorizantes, mujeres que no sabían que estaban embarazadas hasta que estaban con seis o siete semanas, que no tenían acceso a la salud en sus estados, que no podían usar su seguro para cubrir el costo", que va desde 200 a 6.000 dólares, dependiendo del caso.
"Esencialmente ellas son forzadas a continuar con un embarazo que no desean o a buscar la forma de dejar el estado en procura de la atención médica que necesitan", agregó Pinckney.
Bastión del Partido Demócrata y opositor a la política ultraconservadora del expresidente Donald Trump, California proclamó en mayo de 2019 que el estado garantiza "la libertad reproductiva" para todos, comprometiéndose a defender el derecho al aborto.
El estado había adoptado en 2014 una legislación para obligar a los empleadores y a las compañías de seguros a incluir en sus coberturas médicas el reembolso por aborto.
Cuando Trump intentó presionar a California para anular esta disposición, el gobernador Newsom calificó la movida como un "acto político mezquino", subrayando que "la atención médica para las mujeres es parte de la salud pública".
