Estados Unidos ha sancionado con restricciones de visado a ocho funcionarios cubanos debido a las "duras" sentencias contra los manifestantes que salieron a la calle el pasado 11 de julio, informó este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken.
En un comunicado, Blinken acusa a los ocho funcionarios, a quienes no nombra, de estar "implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión".
"Estas ocho personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, condena y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio", añade.
Ese día Cuba fue escenario de manifestaciones históricas que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y 1.320 personas detenidas, de las cuales 698 siguen en prisión, según el último cómputo de la oenegé de defensa de los derechos humanos Cubalex.
Algunos de los presos viven en "condiciones de salud que empeoraron y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos", afirma el comunicado del Departamento de Estado.
El gobierno estadounidense acusa a La Habana de utilizar "tácticas de intimidación continuas, encarcelamientos injustos y sentencias duras" con el objetivo de "negar a los cubanos su libertad y derechos".
Blinken quiere que los funcionarios cubanos que permiten "el agravio del régimen a la democracia y los derechos humanos" rindan cuentas y reitera el apoyo de Estados Unidos "al pueblo cubano".
Cuba, donde la disidencia está prohibida, acusa por su parte a Washington de instigar y financiar las protestas.
El presidente estadounidense Joe Biden prometió revisar la política de su predecesor Donald Trump, quien endureció el embargo económico impuesto a Cuba, pero después de las protestas de julio endureció el tono.
El Departamento del Tesoro impuso cuatro sanciones y en noviembre se adoptaron restricciones de visado contra nueve funcionarios relacionados con la represión de activistas del 15 de ese mes, cuando estaba prevista otra marcha opositora, frustrada por el temor a una posible represión del gobierno.
La isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, vive su peor crisis económica en casi 30 años, con una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social que se ha materializado en una disidencia juvenil.