Una huelga de la policía militar está sembrando desde hace doce días el caos en Ceará, un estado pobre del noreste de Brasil en el que los homicidios se han triplicado desde el inicio de la protesta.
La huelga puede ser inconstitucional, pero no ha sido condenada por el presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien goza de una gran popularidad entre la policía.
Varios analistas abren la hipótesis de una "instrumentalización" de los huelguistas por parte del gobierno para debilitar a las autoridades locales de este estado gobernado por la izquierda.
"Tengo licencia de motocicleta, no de excavadora", dijo irónicamente el presidente Bolsonaro el día después del episodio más tenso de la protesta.
Cid Gomes, un conocido senador de centro-zquierda representante de Ceará, recibió un disparo mientras intentaba romper un piquete policial con una excavadora el 19 de febrero en la ciudad de Sobral.
Pocas horas antes de este episodio, policías encapuchados sembraron el terror en Sobral, amenazando a los comerciantes para que cerrasen sus tiendas.
Uno de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, había fustigado antes "la actitud demente" del hermano de Ciro Gomes, senador y tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018.
"Apoyo velado"
"Bolsonaro ejerce una enorme influencia en la policía en todos los estados de Brasil, lo que le permite presionar a las autoridades locales", estima Arthur Trindade Maranhão Costa, sociólogo de la Universidad de Brasilia (UNB) y miembro de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.
"Es muy popular entre la policía, incluso más que entre los evangélicos", agrega, refiriéndose al fuerte apoyo del presidente entre los fieles de las iglesias neopentecostalistas.
Las huelgas policiales, aunque ilegales, recuerda Maranhão, se han multiplicado en los últimos años. Un estudio de la Universidad de Rio Grande do Sul da cuenta de 715 huelgas entre 1997 y 2017.
Pero "esta es la primera vez que se ve a un presidente dar su apoyo, aunque sea velado, a los policías amotinados", añadió.
Para César Ferreira, sociólogo y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la Universidad de Ceará, "el contexto nacional está contribuyendo al deterioro de la situación".
"El hecho de que el presidente se declare a favor de la libre circulación de armas de fuego, de la idea de hacer justicia por mano propia, mientras defiende la impunidad de los policías, refuerza la postura de los amotinados", afirma.
Aunque Bolsonaro no ha condenado la huelga, el gobierno envió el fin de semana pasado 2.500 soldados de refuerzo a Ceará para tratar de mantener el orden.
Ejemplo venezolano
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, dijo que la situación estaba "bajo control" durante una visita a Ceará el lunes.
El martes -último día en que las autoridades publicaron cifras- se cometieron al menos 25 asesinatos en Ceará, un número muy superior a la media de ocho diarios registrados en enero.
No obstante, el ejército señaló que esto representaba una caída del 35% en comparación con el primer día de patrullas de sus soldados, en el que hubo 37 homicidios.
Las autoridades locales decidieron no divulgar más cifras diarias sobre homicidios y el gobierno federal extendió el viernes la presencia del ejército en el terreno por una semana.
Para Maranhão, la posición de Bolsonaro en esta huelga puede sentar un precedente peligroso.
Recuerda también un proyecto de ley "explosivo" destinado a fortalecer el control del gobierno federal sobre la policía local, dependiente de cada estado, un texto que el Parlamento debe tratar durante el primer semestre.
"La instrumentalización de la policía es un método que se ha usado en países como Filipinas, Hungría o Venezuela", dijo el especialista.
"Una de las medidas más serias tomadas al principio del gobierno de Hugo Chávez (predecesor del presidente venezolano Nicolás Maduro) fue alterar el equilibrio con las comunidades locales al colocar a sus fuerzas policiales bajo control federal", concluye.
Una comparación poco halagadora para Jair Bolsonaro, un crítico feroz del régimen venezolano, al que tacha de "dictadura".