Manifestantes prodemocracia protestaban este sábado en Birmania bajo el estandarte del "pavo real combatiente", dispuestos a resistir "hasta el final" a la sangrienta represión de la junta, que ha sido condenada por países occidentales pero también por vecinos asiáticos.
Cerca de 240 civiles han muerto desde el 1 de febrero, el día del golpe militar que instaló en el poder a la junta y derrocó al gobierno civil dirigido de facto por Aung San Suu Kyi.
El balance podría ser más grave, pues centenares de personas desaparecieron en las últimas semanas.
Pese a todo, la movilización continúa.
"El movimiento prodemocracia impide a la junta ejercer el poder político y administrativo", destaca la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP).
Médicos, profesores, empleados de banco o de ferrocarriles están en huelga, paralizando una parte de la frágil economía del país.
Y este sábado se organizaron nuevas manifestaciones, como en Mandalay (centro).
Los manifestantes, congregados detrás de barricadas de sacos de arena, mostraron una bandera negra, firmada: "El pavo real combatiente", un símbolo utilizado durante la sublevación popular de 1988 y luego por el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
"¿Quién ha dicho que debemos abandonar a causa de las armas [de la Junta]? Hemos nacido para la victoria" tuiteó Ei Thinzar Maung, uno de los líderes de la protesta.
"Lucharemos hasta el final", escribió otro manifestante. "Esta dictadura va a caer".
No obstante, los manifestantes son menos y muchos birmanos permanecen en sus casas por miedo a las represalias.
Ley marcial
Dos de los cinco millones de habitantes de Rangún, la capital económica, están bajo la ley marcial y la situación es muy tensa.
Algunos barrios se han sumido en el caos, con manifestantes lanzando proyectiles y cócteles molotov contra el ejército y la policía, que dispara munición real.
"Los tiroteos aumentan día a día", deplora la AAPP. Militares y policías "saquean y destruyen a diario propiedades públicas y privadas".
Numerosos habitantes de Rangún han huido de la ciudad, la mayor de Birmania, para retornar a sus regiones de origen a bordo de vehículos, bicicletas o mototaxis.
Entretanto, Birmania se cierra cada vez más. Las conexiones a internet siguen muy perturbadas y solamente los medios estatales cubren ahora la crisis.
Más de 2.200 personas han sido detenidas estas últimas seis semanas, en particular huelguistas, miembros del partido de Aung San Suu Kyi y periodistas.
En la capital, Naipyidó, un periodista birmano que trabaja para el servicio local de la BBC, Aung Thura, fue secuestrado el viernes por hombres no identificados.
Más de 30 periodistas han sido detenidos desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, entre ellos un fotógrafo de la agencia de prensa estadounidense Associated Press.
"El asesinato de manifestantes pacíficos y las detenciones arbitrarias, incluidas las de periodistas, son totalmente inaceptables", tuiteó este sábado el secretario general de la ONU Antonio Guterres, urgiendo a una "respuesta internacional firme y unificada".
Sanciones de la UE
De momento, la junta ha ignorado las múltiples condenas internacionales y las sanciones aplicadas por varias potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea.
La UE prevé sancionar el lunes a once oficiales birmanos implicados en la represión, según fuentes diplomáticas.
Países de la Asean (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), que habitualmente tiene como norma no interferir en los asuntos de un Estado miembro, también elevaron la voz.
El presidente indonesio, Joko Widodo, pedirá al sultanato de Brunéi, que preside este año la Asean, que organice una reunión de urgencia para que "cese el recurso a la violencia" en Birmania.
Malasia y la Asean no pueden permitirse ver a "nuestra nación hermana desestabilizada a manos de algunas personas que buscan promover sus propios intereses", comentó el primer ministro malasio, Muhyiddin Yassin.
