Más de 500 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Birmania, y las facciones rebeldes armadas amenazan ahora con unirse a las protestas contra la junta si continúa el derramamiento de sangre.
Haciendo oídos sordos a las condenas y sanciones occidentales, los generales birmanos continúan con su mortífera represión en un intento de frenar las protestas y huelgas prodemocracia que sacuden el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
510 personas, entre ellas numerosos estudiantes y adolescentes, murieron por disparos de policías y militares en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
Esta oenegé afirma que el número de víctimas "es probablemente mucho mayor", sobre todo porque cientos de detenidos siguen desaparecidos.
Ante el derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaron el martes con tomar las armas contra la junta.
Si las fuerzas de seguridad "siguen matando civiles, colaboraremos con los manifestantes y tomaremos represalias", indicó una declaración conjunta, firmada entre otros por el Ejército de Arakan (AA), un grupo armado con varios miles de hombres e importantes recursos.
"Riesgo de guerra civil"
"La situación corre el riesgo de convertirse en una guerra civil total", declaró a la AFP Debbie Stothard, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
"La junta no quiere ceder en nada y los manifestantes, que hasta ahora han sido mayoritariamente pacíficos, están tentados de pedir ayuda a las facciones armadas para protegerse", afirma.
Desde la independencia de Birmania en 1948, multitud de grupos étnicos han entrado en conflicto con el gobierno central para conseguir más autonomía, acceso a los numerosos recursos naturales del país o a una parte del lucrativo tráfico de drogas.
En los últimos años el ejército había acordado un alto el fuego con algunos de ellos e incluso había retirado al AA de su lista de organizaciones terroristas a mediados de marzo.
Pero este fin de semana, la junta lanzó ataques aéreos en el sureste del país, dirigidos a uno de los mayores grupos armados de Birmania, la Unión Nacional Karen (KNU), después de que ésta tomara una base militar y matara a varios soldados.
Se trata de los primeros ataques de este tipo en la región en 20 años. Unas 3.000 personas huyeron de la violencia a la vecina Tailandia, según organizaciones locales.
Pero las autoridades tailandesas las rechazaron, dijo a la AFP la activista de derechos humanos Karen Hsa Moo. "Les dijeron que tenían que volver a casa, que ya no había combates", dijo la activista, que informó de nuevos ataques aéreos el lunes por la noche.
Según ella, Tailandia también está bloqueando a las organizaciones humanitarias, incluido el ACNUR, que quiere reunirse con los refugiados.
Tanee Sangrat, portavoz del ministerio de Exteriores tailandés, negó esas informaciones. Seguiremos "atendiendo a los que están en el lado tailandés mientras evaluamos la evolución y las necesidades sobre el terreno", dijo.
La policía tailandesa indicó que había interceptado diez paquetes que contenían unas 100 granadas y 6.000 cartuchos destinados a la ciudad fronteriza de Tachileik.
- "Huelga de basuras" -
Mientras tanto, las protestas contra el golpe continúan en todo el país con nuevas tácticas de resistencia.
El martes hubo llamamientos a una "huelga de basuras" para que los vecinos arrojen sus desperdicios en las calles y bloqueen los cruces de carreteras.
En Rangún, la capital económica, algunas carreteras estaban llenas de basura de todo tipo, a veces coronada con pequeños carteles que decían "Necesitamos democracia", según imágenes de los medios locales.
El número de muertos aumentó considerablemente en los últimos días.
Al menos 107 civiles, entre ellos siete menores, murieron el sábado, el Día de las Fuerzas Armadas birmanas.
El lunes se celebraron funerales por las víctimas con grandes multitudes rodeando los ataúdes, algunos mostrando tres dedos en señal de resistencia.
Divisiones en la comunidad internacional
En respuesta a la represión, Washington anunció la suspensión inmediata de un acuerdo marco de comercio e inversión con Birmania firmado en 2013 hasta que se restablezca un gobierno "democráticamente elegido".
Francia denunció la "violencia ciega y asesina" del régimen y exigió la liberación de "todos los presos políticos", incluida Aung San Suu Kyi, que sigue incomunicada.
Londres, por su parte, pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebrará el miércoles a puerta cerrada.
Pero los generales birmanos han hecho hasta ahora oídos sordos a las protestas y sanciones occidentales, aprovechando las divisiones de la comunidad internacional.
China e India se negaron a condenar formalmente el golpe.
Rusia mantiene por su parte estrechos vínculos con la junta y el viceministro de Defensa, Alexánder Fomín, participó el sábado en el desfile anual de las fuerzas armadas birmanas.
El Kremlin expresó su preocupación por el "creciente" número de muertos, pero dijo que Birmania seguía siendo un "aliado fiable y un socio estratégico" con el que quiere reforzar las relaciones militares.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a mostrar una "mayor unidad" y un "mayor compromiso" para presionar a la junta.