La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó hoy a 317 el número de muertos por la violencia en Nicaragua, iniciada en abril pasado, y denunció prácticas de persecución judicial y criminalización contra opositores al régimen.
La cifra de muertes reportada desde el pasado 18 de abril y recabada en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), incluye 23 niños, niñas y adolescentes, así como 21 policías.
La comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró a través de un comunicado que la Comisión condenó todos los asesinatos, e instó al gobierno de Nicaragua a investigar “con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”.
“El Estado (nicaragüense) debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, apuntó.
En su informe, el MESENI afirmó que constató y documentó una mayor represión y operativos desplegados por la Policía Nacional y grupos parapoliciales para eliminar barricadas a través de todo el país, en el marco de la llamada “operación por la paz”.
Indicó que tras el levantamiento de esas barricada mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado “numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad”.
El comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, dijo que la CIDH ha tenido conocimiento del aumento “vertiginoso” de estas detenciones sin las garantías del debido proceso.
“Hacemos un llamado urgente al Estado (nicaragüense) a asegurar el estricto cumplimiento de la ley, y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia”, enfatizó.
La comisión demandó que el gobierno de Nicaragua cese la criminalización de quienes participan en manifestaciones pacíficas, “y se abstenga de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales".
Asimismo, externó su preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades a las peticiones de la CIDH para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis.
Las protestas en Nicaragua comenzaron el 18 de abril pasado en contra de las reformas al sistema del seguro social impulsadas por el presidente Daniel Ortega, hasta el momento han dejado cientos de muertos, unos dos mil 800 heridos y 595 desaparecidos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).