El estado de Washington se convirtió en la entidad número 20 de Estados Unidos en prohibir la pena de muerte y con ello ocho sentenciados a la pena máxima fueron beneficiados al conmutar su condena a cadena perpetua, informaron autoridades judiciales.
La medida fue aprobada por unanimidad el pasado jueves por la Suprema Corte estatal que consideró la pena como “arbitraria y racista”, y con la resolución la medida fue abolida, luego que no se había ejecutado a un preso desde 2010.
Un total de 23 condenados a la pena máxima fueron ejecutados durante septiembre pasado en varias entidades de Estados Unidos, en donde aún permanece vigente la polémica sentencia en 30 estados.
La ejecución ya era muy rara en Washington, con cinco presos ejecutados en las últimas décadas y una moratoria impuesta por el gobernador que bloqueaba su aplicación desde 2014.
Pero la corte la eliminó por completo, conmutó las sentencias de los ocho presos condenados a muerte, en cadena perpetua, y promovió una tendencia a alejarse de la pena capital en Estados Unidos.
Texas continúa ejecutando más prisioneros que cualquier otro estado: 108 desde 2010. Florida ha ejecutado 28; Georgia 26; y Oklahoma 21 en ese período. Pero a nivel nacional, las sentencias de muerte bajaron un 85 por ciento desde la década de 1990.
En los últimos 15 años, siete estados (Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Nuevo México y Nueva York) han abandonado la pena de muerte mediante una orden judicial o acto legislativo, y tres (Colorado, Oregón y Pensilvania) han adoptado moratorias.
En New Hampshire y Nebraska, los legisladores prohibieron la pena de muerte, pero vieron anuladas esas decisiones por veto o referéndum.
Las preocupaciones citadas en esos estados van desde los asuntos procesales, como la información proporcionada a los jurados de sentencia en Nueva York, a las preocupaciones sobre la ejecución de una persona inocente, o las disparidades raciales y de otro tipo en la condena a muerte, como fue el caso en Washington.
"La pena de muerte se aplica de manera desigual, a veces por el lugar donde se cometió el crimen, el condado de residencia, los recursos presupuestarios disponibles en un momento dado o la raza del acusado", dijo la jefa de Justicia de Washington, Mary Fairhurst.
Agregó que "nuestra ley de pena capital carece de 'imparcialidad fundamental'".
El fallo se produjo en el caso de Allen Eugene Gregory, un hombre negro que fue condenado por violar, robar y matar a Geneine Harshfield, una mujer de 43 años, en 1996.
"Sin embargo, en teoría, la pena de muerte se impone de manera injusta, arbitraria y racial", dijo la abogada, Lila Silverstein.
