En los últimos dos meses, los transportistas en el estado han enfrentado tres intentos de asalto en la carretera a Chichimequillas y en la ruta hacia Celaya, según informó Gerardo Gutiérrez, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Querétaro.
Estos incidentes han generado preocupación entre los transportistas, quienes enfrentan una creciente inseguridad en sus recorridos.
Los intentos de asalto han incrementado el riesgo para los operadores de transporte de carga que circulan por estas rutas, que son clave para el flujo de mercancías entre Querétaro y otras regiones del Bajío.
Los transportistas han solicitado que la Guardia Nacional refuerce la seguridad en las rutas afectadas. Sin embargo, a pesar de estas demandas, los transportistas aseguran que hasta el momento no se ha cumplido con las medidas de protección necesarias.
La falta de una respuesta contundente por parte de la Guardia Nacional ha mantenido al gremio en estado de alerta, ya que los intentos de asalto ponen en riesgo tanto su integridad como la de las mercancías que transportan.
Gerardo Gutiérrez, en representación de los transportistas, afirmó: "Estamos pidiendo seguridad, pero no hemos visto resultados. La Guardia Nacional tiene la responsabilidad de vigilar las carreteras y hasta ahora no se ha logrado evitar que los asaltos ocurran".
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Mientras enfrentan este problema de inseguridad, en la capital queretana los transportistas también han sido objeto de amonestaciones por parte de las autoridades municipales. Estas sanciones han sido aplicadas debido a presuntos incumplimientos en los requisitos administrativos que los conductores deben cumplir para operar en la ciudad.
Las multas se han impuesto por faltas en la documentación o irregularidades en los permisos de circulación, lo que ha generado inconformidad entre los choferes.
Las autoridades municipales han sido estrictas en la aplicación de estas sanciones, lo que ha añadido una presión adicional para los transportistas, quienes argumentan que la prioridad debería ser garantizar su seguridad en las rutas en lugar de enfocarse en castigos por cuestiones administrativas.
