Vinculada a proceso pero en libertad condicional y 6 meses de investigación complementaria, fue lo que el juez dictó en la audiencia inicial para la conductora que atropelló con su camioneta a un niño de 5 años que perdió la vida el pasado 15 de junio en la comunidad de San Isidro Miranda, municipio de El Marqués.

La Fiscalía General del Estado informó que a la conductora se le señaló por el delito de homicidio culposo, ya que al celebrarse la audiencia inicial en las salas del Poder Judicial en San José El Alto, la autoridad judicial escuchó la imputación realizada por la Fiscala a cargo de la carpeta y decretó la vinculación a proceso; asimismo, el juez estableció medidas cautelares para la imputada, que cumplirá en libertad durante el proceso, así como un lapso de 6 meses para la investigación complementaria.

Fue tras el llamado por parte de policías municipales que tomaron conocimiento como primeros respondientes, que el personal de la Fiscalía se trasladó a la comunidad de La Griega donde se encuentra la clínica médica en la que el infante fue declarado sin vida, asimismo a la comunidad de San Isidro Miranda donde ocurrió el accidente para tomar conocimiento del hecho.

Una vez que se recabaron los datos de prueba, se pudo conocer por el diagnóstico médico, que el infante perdió la vida a consecuencia de varias heridas provocadas por el atropellamiento cuyo vehículo implicado se encontraba afuera de la misma clínica y se refirió que era propiedad de la ahora imputada.

Fue por tal motivo que en ese momento se tomaron los datos a la mujer presunta responsable, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía para poder comparecer ante la autoridad competente por estos hechos, por lo que al garantizar que no podría salir del estado, esperó en libertad el llamado de su audiencia inicial.

Fue durante este viernes 21 de junio, al cumplirse 6 días después del fatal incidente de tránsito, se llevó a cabo la audiencia inicial donde la mujer presunta responsable fue vinculada a proceso y será en los próximos 6 meses, en el desahogo de pruebas, que la autoridad judicial decida si recibirá alguna sentencia condenatoria o si existe la posibilidad de un acuerdo para la reparación del daño por la muerte del menor.

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Cabe resaltar que las autoridades del estado, han proporcionado la atención integral a las víctimas indirectas y continuarán de esta manera en apego a lo establecido en la ley y en respeto a sus Derechos Humanos.