Uber emprendió una campaña en contra de las reformas a la Ley del Transporte propuestas por el gobierno poblano para incrementar la seguridad de su servicio, al llamar a sus socios conductores a enviar reclamos vía Twitter por considerar que viola el derecho a la privacidad y al autoempleo mediante la tecnología.
La empresa estadunidense que ofrece servicio de chofer y auto particular, uno de los cuales está implicado en el homicidio de la joven universitaria Mariana Fuentes, envió un mensaje a sus más de nueve mil socios conductores de Puebla diciendo que las propuestas que podría aprobar el Congreso local tendrían efectos negativos en su contra, pues impediría el servicio restringiendo su trabajo y violando su privacidad.
“La iniciativa de regulación que presentó el gobernador de Puebla para empresas como Uber limita el acceso a la tecnología y pretende vigilar tu ubicación permanentemente”, dice el primero de los tres párrafos del mensaje.
Y es que, según Uber, las nuevas reglas perjudicarían su operación al grado que “haría imposible el funcionamiento de la aplicación de Uber en tu ciudad”.
Al filo del mensaje, Uber arremete contra la iniciativa llamando a sus socios conductores a reclamar estas propuestas: “Dile a tu gobernador, Antonio Gali, y a tu Congreso que respeten tu derecho a la privacidad y a elegir cómo generar ganancias flexibles para ti y para tu familia”.
NO HAY MARCHA ATRÁS: CARRASCO
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, reprobó la campaña de Uber, calificándola de una sucia estrategia con la que pretende impedir la prohibición del pago con dinero en efectivo en sus servicios y aseveró que no habrá marcha atrás en esta y otras políticas que procuren mayor seguridad para los usuarios poblanos.
El funcionario estatal aclaró que la iniciativa de reformas enviada por el gobierno del estado ahora sí considera el pago electrónico como el único método de cobro de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) y defendió que es así, porque la naturaleza de éstas es precisamente modernizar su servicio, de otro modo se equipararían a los taxis convencionales.
Precisó también que las reformas no pretenden imponer vigilancia total y permanente a los socios conductores, sino sólo en casos especiales y durante el tiempo específico de servicio.
“No dice que (la iniciativa de reforma) que sea una obligatoriedad, dice que permitir, y eso se aplicará por si es necesario, porque tampoco tenemos el interés ni la capacidad técnica para estar monitoreando a todos los choferes (…) no es para que estemos todo el tiempo monitoreando a todos, ni siquiera podríamos y no hace sentido”, enfatizó.
Y aunque el titular de la SGG estimó que la arremetida de Uber contra el gobierno del estado contrasta con el diálogo y buen entendimiento que sostuvieron en días pasados, dijo que sus reclamos no van a afectar la iniciativa.
“Finalmente, nosotros tenemos la autoridad y la responsabilidad de cuidar y de privilegiar el tema de la seguridad de las y de los usuarios, y la iniciativa ya está en el Congreso, eso no va a cambiar las cosas”, afirmó.
Por último, Carrasco Altamirano aseveró que las nuevas disposiciones, una vez que las apruebe el Congreso del Estado, serán de aplicación general, “yo no tengo registro de quiénes sean los propietarios pero no estamos consecuentando ni vamos a consecuentar a nadie, trátese de quien se trate, no son reglas que lleven dedicatoria o reglas parciales que protejan a unos y castiguen a otros, las reglas son de aplicación general”, remató.